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Como miembro de la ONU, EEUU contribuye a su financiación con el veinte dos punto cinco por ciento, de los presupuestos anuales. En materia de los derechos humanos, respecto a la pertenecía en los siete organismos de Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos Humanos (HRC), EEUU no tiene firmado ni ratificados el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR-OP1), ni el Segundo Protocolo Facultativo destinado a abolir la pena de muerte (CCPR-OP2-DP), ni el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW-OP) y ni la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (MWC).
 No tiene ratificados (si firmados, pero no forma parte de los organismos o herramientas), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), ni la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ni la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), ni el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niños, relativo a la participación en los conflictos armados (CRC-OP-AC) y el Protocolo Facultativo de la Convención, sobre los Derechos del Niños relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (CRC-OP-SC).
Además, en la firma y ratificación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes] (CAT), EEUU ha reconocido la competencia de recibir y procesar comunicaciones, individuales por parte del Comité para la Eliminación de Discriminación Racial.
Tampoco, ha firmado ni ratificado (como Rusia, China, India, Israel, Chile, Cuba e Iraq) El Estatuto de la Corte Penal Internacional. El asunto es polémico ya que, en agosto de 2002, el Congreso de EEUU aprobó la American Service members Protection Act (Ley para la protección de personal de servicios exteriores norteamericano o (ASPA), con el claro objetivo de debilitar a la Corte. Sin embargo, las críticas internacionales a estas medidas la han dejado casi sin efecto.
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